Sabían, y aun así nadie estaba preparado para esto…

MÁS DE CIEN MIL DAMNIFICADOS. Y LA PREGUNTA SIGUE SIENDO:

¿DÓNDE ESTÁN LAS AYUDAS?

La emergencia que se vivió, el 30 de noviembre de 2010 hace ya año y medio , fue

no sólo una prueba inimaginable para la estructura del Estado en prevención de emergencias, si no en sí misma una maratón de ayudas que emergieron del pueblo colombiano en su talante y solidaridad. O por lo menos, así lo pareció.

El 30 de noviembre de 2010, el Canal del Dique,frontera entre los departamentos

de Bolívar y Atlántico, cedió ante lo que fueron las lluvias más fuertes de la historia colombiana, el boquete de 214 metros en su estructura permitió el acceso de las aguas, afectando gravemente los municipios de Manatí, Santa Lucía, Candelaria, Campo de la Cruz y Repelón. Sin mencionar los demás, entre los que se encuentran los corregimientos aledaños de Sabanalarga y Ponedera.

En principio se estimaron alrededor de 92 mil damnificados, pero las cifras oficiales después de los censos locales, ascendieron a 102 mil y Si

gue aumentando, teniendo en cuenta que el Canal es el medio comercial y de transporte más usado en la zona, tan importante es éste para los habitantes de dichos municipios que llega a movilizar el 85% de la carga que anualmente circula por el

Rio Magda

lena, y con esto, provee de empleo y bienestar para la mayoría de habitantes. Hoy no sólo damnificados, sino también desempleados, a quienes el agua se les llevó todo.

El Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres, CREPAD, por sus siglas; encabezado por el señor Gobernador del Atlántico Doctor José Antonio Segebre, ha sido el principal ente encargado de censar y dar cifras oficiales como las citadas anteriormente. Éste ha hecho avalúos y estudios de viabilidad para proyectos como el recientemente autorizado presupuesto de 500 millones para el dragado de los arroyos en los municipios afectados por la catástrofe del Canal del Dique, empeorada por las posteriores lluvias de 2011 y las que se han presentado en lo corrido desde el inicio de este año a la fecha.

Como lo citaría la Asesoría de Prensa de la Gobernación del Atlántico, “con el dragado de estos arroyos estaremos evitando que los barrios aledaños se inunden”, anotación que tuvo lugar en las declaraciones hechas por parte del Secretario del Interior Jaime Luis Berdugo Pérez, y publicadas por la Gobernación.

Para los damnificados parece no verse tan color de rosa. A pesar de haber ayudas oficialmente destinadas a la reconstrucción, un año y medio después, ya el agua ha bajado pero éstas como los afectados las esperaban (para la reconstrucción física y social), no han llegado como originalmente se les prometió. En principio se otorgaron $290.800.693.428 (pesos colombianos), a través de la Gobernación del Atlántico con sus operadores, entre los que se encuentra Comfamiliar del Atlántico, uno de los principales encargados de los giros, y con estos, de hacer llegar las ayudas del ente territorial a los damnificados.

Comfamiliar fue el primer operador asignado por el Gobernador para dicha gestión con el fin de blindar las primeras ayudas que fueron de 8 mil 360 millones para aseo y alimentación y 8 mil 049 millones para vivienda temporal, entre arriendos y construcción de albergues.

“Los datos oficiales se basan en los números del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres- CLOPAD – (…) y el CREPAD. La tarea consistió en proveer ayuda en tres grandes frentes: Arriendos, Aseo y Alimentación; nuestro papel fue el de administradores de los recursos que se giraron directamente a los proveedores. Es decir, la ayuda no llegaba en forma de dinero al damnificado sino en los correspondientes kits de aseo y alimentación, así mismo como los dineros de los arriendos se consignaban directamente al arrendador.” Afirma Marco Herrera, Asistente del departamento de Contabilidad en las oficinas de Comfamiliar de Atlántico.

“(…) Se entregaron informes semanales en formatos previamente establecidos por Colombia Humanitaria, éstos tuvieron seguimiento por beneficiario, basándose en un registro de entrega de las ayudas que se documento con firma y huella” refiere de igual manera Marco Herrera, como contexto a la actual situación de inconformidad frente al apoyo por parte del Gobierno a los habitantes de los municipios afectados.

Sin embargo, hubo más operadores en el equipo, entre otros se encontraban: Combarranquilla, Fundación Mario Santo domingo y el Banco Agrario. Repartiendo ayudas en los tres frentes antes mencionados: “(…) las cifras oficiales están al alcance de todos, sin embargo cualquier solicitud de las mismas y los datos internos de cada operador se emitirían con una previa solicitud formal. Y a pesar de esto, todas las auditorías e interventorías están publicadas ampliamente en internet” menciona el Doctor Herrera, al referenciar el procedimiento de obtención de datos sobre la operación de los contratos.

Un ejemplo claro de lo anterior es el proceso de interventorías que lleva a cabo la Fundación Universidad del Norte, a la operatividad de las tres fases que lleva el proceso de entrega de ayudas a la fecha. En este se llevan cifras oficiales del proceso transcurrido por los dineros, desde su aprobación en el Fondo Nacional de Calamidades y su ente administrativo, Colombia Humanitaria, a los beneficiarios; contrato que en este particular asciende a la suma de $ 27.758.020.500.

Aún cuando los datos publicados por Colombia Humanitaria son alentadores e incluso reflejan un 98% de las obras completadas, la situación de los damnificados parece no mejorar. Nuevos rompimientos del canal, esta vez del lado del Departamento del Bolívar, como lo reportó en su momento el Gobernador de éste, el Doctor Juan Gossaín, dejando otras 500 familias afectadas en el municipio de Arenal, Bolívar, parecen augurar una nueva catástrofe tarde o temprano si no se toman las medidas pertinentes.

Así mismo lo afirmó el Señor Presidente Juan Manuel Santos al decir “Hoy se trabaja en elaborar la estructuración técnica, legal y financiera, y en los términos de referencia para contratar a la firma” refiriéndose a la Ley, ya sancionada, de Gestión del Riesgo de Desastre –“En el Canal, las inversiones del Fondo irán más allá de las obras de ingeniería hidráulica en la zona del Canal, que incluye a 19 municipios”, complementó durante el evento donde se expuso la sanción de la Ley el pasado viernes 20 de Abril.

En la aplicación de la Ley se invertirán casi 40 mil millones de pesos, incluyendo la construcción de puestos de salud, colegios y acueductos. Y con todo y esto, las esperanzas de las 25.169 familias oficialmente registradas por Colombia Humanitaria, parecen no aumentar como sí lo hacen las cifras que pronto, de no haber un compromiso político serio, incrementarán en mucho más el número de hogares que vieron a las aguas del Canal llevarse todo y nunca más devolverlo, ni por muchos arriendos o kits de ayudas recibidos, lo que se llevó el invierno parece no poder volver jamás.